CONSEJO REDACCION PARALELO36ANDALUCIA. En ocasiones no queda más remedio que tirar de los valores, sacar a relucir los grandes principios y dar la cara por ellos.
Los grandes principios y valores de democracia no están hechos para ser invocados cada día y con cualquier excusa. Uno no debe acostumbrarse a calificar de totalitario o de antidemocrático cualquier comportamiento con el que discrepe, por más que se sienta afectado o dolido. Si lo hace, las grandes palabras pierden su valor y se convierten en chascarrillos baratos.
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Hoy, sin embargo, ante la ilegalización de la lista electoral “Iniciativa Internacionalista” no queda más remedio que acudir a esos valores y dar un paso al frente. No queda más remedio porque lo que está en juego es la base del sistema democrático. Y no queda más remedio porque los políticos de oficio no tienen la valentía de dar este paso.
Con la arbitraria ilegalización de una lista electoral no se está perjudicando a los antidemócratas que utilizan o apoyan la lucha armada, sino a los demás, a los que creemos en la democracia pacífica y militante. Hace falta alzar la voz contra este atropello, precisamente porque a quienes se atropella no es a nosotros sino, aparentemente, a ellos.
Es lícito discrepar de la ley de partidos, pero en tanto que ha sido aprobada democráticamente por las Cortes, no queda más remedio que cumplirla. El problema de esta decisión de ilegalización no es que aplica la ley de partidos sino precisamente lo contrario, que no la aplica. El Auto de 16 de mayo del Tribunal Supremo da un paso inédito hasta el momento en nuestra historia constitucional. En ausencia de prueba alguna que demuestre la estrategia de una estrategia de Batasuna para utilizar e esta lista como plataforma electoral, se le prohíbe participar en las elecciones con el único argumento de que dos de sus cincuenticuatro miembros parecen tener simpatías abertzales.
Cuando de manera arbitraria y en razón exclusivamente de una ideología se impide a alguien participar en las elecciones, sometiéndose al voto de los ciudadanos, lo que está en juego es la democracia en su estado más puro. Se restringe el derecho de todos los ciudadanos a, si les parece conveniente, apoyar a una opción política. Precisamente por eso, la sociedad no puede ser tibia ante un atropello de esta naturaleza.
Se trata de un Auto de ejecución de sentencia en el que el Tribunal Supremo concluye que la lista de Iniciativa independentista es una continuación directa y premeditada de Batasuna inventada por esta para participar en las elecciones a través suya. A efectos de demostrar que se trata, efectivamente, de una lista llamada a suceder a Batasuna, el Tribunal Supremo señala dos únicos indicios ‘objetivos’: que existen documentos internos de Batasuna en los que se piensa en presentarse de algún modo a las elecciones, sin definir cuál será ese modo y que la lista ilegalizada se presenta públicamente como una alianza de la izquierda anticapitalista y soberanista. Con ello, queda claro que no hay prueba alguna, pero aún así el Tribunal Supremo no deniega la petición de ilegalización que ha formulado el Gobierno.
Junto a ello señala algunos indicios subjetivos, entre los que destaca, esencialmente, que cuatro de los candidatos firmaron manifiestos o participaron en actos en protesta por la ilegalización de listas anteriores. Se destaca que una de las candidatas, antigua diputada de izquierda unida, incluso pidió el voto para el partido comunista de las tierras vascas.
Finalmente el Tribunal Supremo se queda tan sólo con dos hechos en los que sustenta la ilegalización de la lista: las relaciones de dos candidatos con el contexto ideológico de Batasuna y que seis de los 64 avalistas de la lista electoral fueran cargos públicos del partido ANV.
La lectura del Auto llena de inquietud a cualquier demócrata. Desgrana, a modo de incriminación, una serie de actos que considera censurables desde el punto de vista de la ley de partidos políticos: participar en los años ochenta en algún mitin de Herri Batasuna, firmar contra la encarcelación de Otegui, asistir a actos contra la ilegalización de una candidatura política, comparecer como testigo de la defensa en el sumario 18/98 que juzgó (y absolvió parcialmente) al llamado “entramado civil” de ETA…
La mera lectura de la decisión judicial pone en evidencia que el Tribunal Supremo no ha tenido en cuenta que está en juego un elemento sustancial de la democracia, que cualquier limitación del derecho fundamental a concurrir a las elecciones ha de ser interpretada de manera restrictiva y que la misma ley de partidos políticos exige expresamente pruebas concluyentes que determinen la continuidad o sucesión de un partido disuelto para poder ilegalizar una lista electoral.
Lo que importa, desde el punto de vista democrático, no es si Iniciativa Internacionalista es o no, efectivamente, una marca electoral de Batasuna, sino de que puesto que hoy por hoy no hay pruebas que lo demuestren, no puede ser ilegalizada con el único argumento de la ideología de algunos de sus integrantes.
La democracia no puede consistir en elegir entre los de siempre, sólo entre quien no ponga nada en cuestión. Si la sociedad permite que sin pruebas objetivas y a partir de consideraciones ideológicas se ilegalice cualquier candidatura electoral, sea la que sea, estará estrechando exageradamente el ámbito de democracia y de libertad del país.
Llama profundamente la atención que ningún representante político de los partidos parlamentarios esté protestando por esta decisión. Sin duda, es fruto de consideraciones exclusivamente electoralistas.La democracia, afortunadamente, no es el gobierno de la opinión pública, por muy mayoritaria que pueda ser. La opinión pública mayoritaria es, por definición, fácilmente influenciable. Está sometido a la gran influencia de los medios de comunicación y, desde luego, no garantiza los derechos de los disidentes o las minorías.
Sin embargo, las fuerzas políticas parlamentarias saben que la opinión pública mayoritaria está tremendamente radicalizada en todo lo que tenga que ver con el terrorismo de ETA. Ningún representante político quiere arriesgarse a que se le pueda acusar públicamente de “amigo de los terroristas”, porque sabe que eso supondría una tremenda sangría de votos en las próximas elecciones.
Por eso se escudan en la independencia judicial y por eso, a pesar de que privadamente critiquen la arbitrariedad de que se ilegalice una lista sin prueba alguna, nadie se atreve a denunciarlo en público.Nos corresponde, por eso, a los ciudadanos individuales protestar públicamente por este atropello. Exigir que se garantice el derecho a concurrir a las elecciones de todas las listas que cumplan con los requisitos legales y denunciar la tremenda arbitrariedad que supone la decisión del Tribunal Supremo de ilegalizar la lista electoral de Iniciativa Internacionalista.
Firmar esta denuncia pública, seguramente, supondrá para quien lo haga que en el futuro se ilegalice cualquier iniciativa política en la que participe. Parece que ese es el precio de defender públicamente a las minorías. Han ilegalizado una lista en la que hay candidatos que están en nuestras antípodas ideológicas, por eso mismo protestamos. Porque en ocasiones no queda más remedio que tirar de los valores y dar un paso adelante, en defensa de nuestros contrincantes, en defensa de la democracia más básica.
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